El expresidente norteamericano Woodrow Wilson desprendía un agradable optimismo. Consideraba que la victoria del sistema político democrático era históricamente indefectible. En su Fin de la Historia, Francis Fukuyama anunció sin suspicacia alguna que el síncope de los regímenes comunistas en la última década del siglo XX de la era de la humanidad demostró el fracaso del que fuera el gran desafío de la democracia liberal tras el fascismo. De esta manera, su extensión por todo el orbe supondría el clímax de un proceso por el que no podría surgir una alternativa política mejor. No obstante, Samuel Huntington ofreció su postura escéptica en lo que a la inevitabilidad de la democracia se refiere en su libro The Third Wave, comprendiendo dicho autor que durante los siglos XIX y XX se habían producido tres olas de democratización en el mundo.
La tercera y última ola democratizadora arrancó a mitad de la década de los años setenta con las transiciones democráticas de Portugal, Grecia y España. En los veinte años siguientes, la democracia brotó en más de cuarenta Estados, culminando con la caída de la URSS y el camino a la democracia y la de independencia de varias de sus repúblicas. En 2004 se contaban ya 119 democracias en el mundo, significando esto que alrededor del 45% de la población mundial vivía bajo el halo democrático. Sin embargo a día de hoy, sumergida la humanidad en una intensa crisis económica y social de dimensiones globales, el proceso de democratización en muchos países está en las Antípodas de su efectiva plasmación.
El golpe de Estado acometido en Honduras a finales del mes de junio pasado es sintomático de la explicación anterior. El presidente democráticamente elegido en 2005 y ahora depuesto Manuel Zelaya, pretendía la velada destrucción de la constitución hondureña y erigirse en poder constituyente para modificar a su antojo el constitucionalmente recogido principio de limitación de mandato para procurar su perpetuación en el poder, tal y como su venezolano vecino Hugo Chávez, cabeza del nuevo totalitarismo socialista, ha venido predicando. En contraposición, el ejército, apoyado por parte de la sociedad civil, el Congreso y las más altas instancias judiciales, perpetró un levantamiento armado que acabó que el secuestro del presidente Zelaya, su expulsión y prohibición de retorno al país, y su sustitución (en interinidad) por Roberto Micheleti, hasta entonces presidente del Congreso Nacional. A los pocos días de su forzada salida de Honduras, Zelaya intentó regresar, pero el ejército impidió que su avión aterrizara. Desde que se tuvo noticia del golpe, la comunidad internacional ha prestado su apoyo incondicional al depuesto presidente Zelaya, condenando el golpe y acometiendo diversas actuaciones como la suspensión a Honduras como miembro de la OEA hasta que el país restaure el gobierno democrático, sanciones económicas por parte de EEUU, Nicaragua y Venezuela, entre otros, la suspensión por parte del BID y el Banco Mundial de la ayuda financiera que otorgaban al país y la retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. No obstante, no sólo es condenable este nuevo ejemplo de pretorianismo, fenómeno que parecía haber dejado de ser endémico en America Latina.
Como muchos países centro y sudamericanos, Honduras vive acuciada por la miseria (un 64% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza), la droga, la poca fortaleza económica y, por supuesto, la debilidad democrática, entre otros males. Esta situación rescata la idea que circulaba por la América Latina del siglo pasado de que el Estado liberal había tocado techo y era incapaz de impulsar el bienestar general. Se dio paso entonces a ideologías y movimientos políticos definibles como populistas que planteaban la incorporación de las masas al sistema político. En la práctica, como indica el experto Carlos Malamud, el populismo implica la postergación de los derechos y las libertades individuales y políticas y de los valores democráticos en detrimento e los intereses populares, la eficacia administrativa y la capacidad estatal para genera desarrollo, reemplazando al mercado. Para que el Estado cumpliera las nuevas misiones asignadas era necesario reforzar el poder presidencial. El populismo tenía un fuerte contenido nacionalista y antiimperialista y su discurso combinaba elementos progresistas con otros reaccionarios o fascistas. El mensaje del líder se dirigía directamente al pueblo, eliminando los intermediarios de cualquier tipo, para poder conquistar pasionalmente a sus interlocutores. Esta situación es la que claramente se da, a día de hoy, en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y, por supuesto, la Honduras de Zelaya. Por lo tanto, el golpe perpetrado debe ser condenado por su evidente proceder antidemocrático. Pero también, y por la misma razón, se debe mostrar con firmeza el rechazo a esa quiebra constitucional de la que es protagonista Manuel Zelaya con su viraje del liberalismo democrático al más claro afán totalitarista. En la tan antigua Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) ya se afirmaba, en su artículo dieciséis, que “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.
En su papel de principales valedores de la democracia, los Estados Unidos y la ampliada Unión Europea no deben cejar en su empeño por defender, extender y consolidar dicho sistema alrededor del mundo. A día de hoy no sólo deben poner su punto de mira en las regiones de Centro y Sudamérica. No lejos de la UE27, Georgia, Ucrania y Kirguizistán están teniendo problemas para lograr una democratización plena. Oriente Medio sigue sin sumar democracias plenas, como sucede con el reciente caso de la Irán de Ahmadineyad. En África, algunos Estados que parecían haber entrado en la senda de la democratización han sufrido un duro revés como es el caso de Kenia. Y en Asia, qué decir de China o Corea del Norte, amén de los numerosos Estados fallidos que existen alrededor del mundo con son Somalia, Afganistán o Haití.
Un de las citas más recordadas (y empleadas) de Wiston Churchill es “se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las otras formas que se han probado”. La democracia se enfrenta a nuevos retos más allá del fascismo y el comunismo soviético que marcaron el siglo XX. El siglo XXI trae nuevas formas de regímenes antidemocráticos como son aquellos envenados por la droga, el férreo control de los recursos naturales o absurdos tradicionalismos que niegan los derechos más esenciales de las personas. Pero también se deben vigilar prácticas antidemocráticas en aquellos países considerados con plenamente democráticos, como la corrupción política, el nepotismo o el incumplimiento de la separación de poderes haciendo uso del aparataje del Estado de Derecho para perseguir a los rivales políticos.
La democracia podrá no ser el sistema político perfecto, pero es el único sistema que reconoce efectivamente el concepto de la soberanía popular, la división de poderes, el control y la exigencia de responsabilidad a los gobernantes, el reconocimiento de derechos y libertades inviolables por el Estado, la fijación de unos valores como la tolerancia, la justicia y el compromiso, y el establecimiento de criterios de igualdad como componentes sociales y económicos.
